Primavera árabe, invierno de la censura

Maikel Nabil Sanad, bloguero egipcio, conocido con el seudónimo de Son of Ra, fue detenido el pasado 28 de marzo y, dos semanas más tarde, condenado a una pena de 3 años de cárcel. Era acusado de “insulto a la institución militar, publicación de noticias falsas y disturbios del órden público”. En su blog había publicado un informe que cuestionaba la aparente “neutralidad” del ejercito durante las manifestaciones de enero y febrero de 2011 que precedieron la caída del régimen de Hosni Mubarak, desvelando la implicación de militares en arrestos, detenciones arbitrarias y torturas. El 24 de agosto Sanad empezó una huelga de hambre, el juicio de apelación fue aplazado varias veces y, a finales de octubre, un juez decidió que el bloguero fuera recluido en un hospital psiquiátrico. Las violencias de las últimas semanas en la plaza Tahrir, acompañadas de nuevos casos de periodistas – locales y extranjeros – agredidos y detenidos, confirman que Sanad había acertado en sus denuncias.
No hay siempre un antes y un después, una clara línea de demarcación, en los países de Oriente Medio barridos a lo largo de los últimos meses por el viento de la revolución. La advertencia viene de Reporteros sin Fronteras que, cuando se cumple un año desde que empezó la “primavera árabe”, publica un informe sobre el papel de los medios, “testigos clave” del cambio pero también protagonistas en esta delicada fase de transición.
Un año en el que la prensa, como suele pasar en los lugares donde se hace historia, pagó un precio muy alto: 13 profesionales de la información (2 en Egipto, 1 en Túnez, 5 en Libia, 2 en Bahréin y 3 en Yemen) perdieron la vida en este periodo mientras realizaban su trabajo: entre ellos algunas reconocidas figuras del fotoperiodismo internacional, aunque la mayoría de las victimas fueron periodistas locales.
Frente al empleo masivo de nuevas herramientas de comunicación, como Facebook y Twitter, los gobiernos autoritarios respondieron con viejas y nuevas formas de represión. Las recuerda Soazig Dollet, responsable pare Oriente Medio de Rsf: “Vigilancia de la Red, corte de Internet, corte del las redes de telefonía móvil, interferencia de las cadenas que transmitían via satélite, confiscación de periódicos, agresiones y detensiones de profesionales de la información, blogueros e internautas, secuestros y asesinatos, expulsión de periodistas extranjeros, negación de visados”.
Una batería de medidas que, de todas formas, no lograron parar las protestas. En Túnez, antes de la caída de Ben Ali, los esfuerzos de la ciberpolicia “Ammar 404” fueron frustrados por los hackers de Anonymous, con una serie de ciberataques contra sitios gubernamentales. En Egipto, el bloqueo de las redes de Internet y de telefonía móvil impuesto por Mubarak ocasionó pérdidas por 90 millones de dólares en tan solo cinco días y enseguida las conexiones tuvieron que ser restablecidas.
También en Libia, mientras veía que la situación se le escapaba de las manos, Gadafi intentó responder con el corte de las líneas telefónicas. Un año después del comienzo de la “primavera árabe”, la situación más alarmante sigue siendo la de Siria, con 25 blogueros y periodistas entre rejas, otros secuestrados y torturados, y muchos corresponsales extranjeros expulsados.
(Traducción de un artículo del mismo autor, publicado en “Il Fatto Quotidiano”)

Spanish Revolution

Couso, la hipocresía de un gobierno

Ya lo sabíamos, pero ahora hay papeles que lo demuestran de forma contundente. Cada vez que hablamos de “soberanía nacional”, deberíamos añadir un adjetivo que complete y aclare lo que estamos diciendo. Ese adjetivo es “limitada”. Porque de eso se trata. Tanto en el caso de España como para la mayoría de países de Europa occidental, así como por los innumerables aliados de la superpotencia norteamericana, las decisiones del Estado de derecho tienen un límite – a veces infranqueable – en la voluntad de la administración de Washington. Poco importa si gobierna la izquierda o la derecha, si en la Moncloa está el “socialista trasnochado” Zapatero o el fiel aliado Aznar. Y tampoco podemos fiarnos mucho de las declaraciones públicas, aunque nos parezcan valientes muestras de desafío hacia el país más poderoso del mundo. A la hora de la verdad, quien manda es la Casa Blanca. Esta es la gran lección que nos dejan los papeles que Wikileaks está dando a conocer a la opinión pública internacional. Y quienes los han leído nos aseguran que habrá más sorpresas a lo largo de las próximas semanas.
Si hay algo que esta oleada de revelaciones sin precedentes pone en entredicho – tal vez para siempre – es la hipocresía de gobiernos y diplomacias. España, como acabamos de enterarnos, no queda inmune a las críticas. Es muy comprensible la decepción y el enfado de los familiares de José Couso, el camarógrafo de Telecinco víctima del llamado “fuego amigo” de un tanque norteamericano en el Hotel Palestine de Bagdad. Llevan siete años pidiendo justicia y, a pesar le las dudas recurrentes y de las enormes dificultades, puede que en algún momento hubiesen llegado a sentir la cercanía de las autoridades políticas en su lucha para alcanzar algo tan sencillo como el compromiso del Estado para que los responsables de un crimen injustificado pudieran ser juzgados. Pero ahora se enteran, a través de aquellos cables reveladores redactados en la embajada de la Calle Serrano con destino al Departamento de Estado, que – como subraya el periodista de El País Ramón Lobo – “el enemigo estaba en casa”: quienes tenían que ayudar a esclarecer los hechos en un caso de posible “crimen de guerra”, jueces y políticos españoles, han estado trabajando a lo largo de estos años en el interés del gobierno que, desde el principio, hizo todo lo posible para que los militares responsables de la muerte de Couso quedaran impunes. No sabemos si será posible exigir responsabilidades políticas o penales, come pretende Javier Couso, hermano del cámara asesinado en Irak. Pero sí queda claro que la publicación de estos papeles marca – tanto para España como para muchos otros países – un antes y un después del que tendremos que tomar conciencia.

Cuba, un día para la esperanza

Disfrutemos del momento. Intentemos compartir, por lo menos durante unos días, la alegría de decenas de familias cubanas, cuyos seres queridos salen de una pesadilla larga siete años recuperando la libertad que nunca deberían haber perdido. Todavía es pronto para saber si la próxima liberación de 52 prisioneros políticos (17 de ellos llegan en estos días a España) es una señal de apertura del régimen castrista. Pero sí es un resultado, importante, tangible. Hector Palacios, uno de los miembros más conocidos del Grupo de los 75, encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003, condenado a 25 años y liberado en 2007 debido a su delicado estado de salud, aseguró en una entrevista a El País que “es el paso más serio que ha dado el Gobierno en los últimos 50 años”. El mismo Guillermo Fariñas, después de 130 días de huelga de hambre, ha decidido poner fin a su protesta, porque ha querido ver en este gesto un elemento de esperanza.
El tiempo dirá si mereció la pena ser optimistas. Lo que sí aparece evidente es que nadie se lo esperaba. Tanto que el anuncio, además de coger desprevenidos a muchos representantes de la disidencia cubana (acostumbrados a enfocar toda su lucha sobre el tema de los presos de conciencia) ha provocado inexplicables reacciones de rechazo en muchos medios de la oposición política al castrismo, en Europa como en EE UU. Y las críticas más duras, hasta llegar al extremo del insulto, han afectado al ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reo de haber ejercido sus reconocidas capacidades diplomáticas para alcanzar este resultado. Moratinos está convencido de que haya llegado la hora para la Ue de renunciar a la llamada “posición común” (una herencia de la época Aznar, sin lugar a duda la peor etapa para España en el campo de las relaciones internacionales). ¿A qué se debe este convencimiento? A la total y absoluta falta de resultados. De la misma manera, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lleva más de un año reflexionando sobre la oportunidad de seguir aplicando hacia Cuba un embargo que, a lo largo de los últimos 50 años, ha traído demasiado sufrimiento a la población de la isla, mientras que sigue siendo una de las últimas coartadas que le quedan al régimen para rechazar cualquier forma de apertura. Tal vez haya llegado la hora de hacer un esfuerzo de fantasía, sin prejuicios – abiertos al dialogo, hasta donde haga falta – para que el pueblo cubano pueda recuperar pronto la libertad perdida hace medio siglo.

José Couso, el caso no está cerrado

Todavía hay espacio para la esperanza. Siete años después de la muerte del cámara de Telecinco, José Couso, el Tribunal Supremo español ha ordenado una vez más a la Audiencia Nacional que reabra la investigación sobre el caso, que ya en dos ocasiones había sido archivado. No se puede decir que falten elementos para llegar a celebrar un juicio que permita esclarecer, una vez por todas, lo que ocurrió ese 8 de abril de 2003 en Bagdad, cuando Couso murió a consecuencia de un disparo de un tanque estadounidense contra el Hotel Palestina. Lo que sí se ha confirmado – y es el obstáculo principal, que pero no tiene porque ser infranqueable – es la voluntad de las fuerzas armadas estadounidenses de garantizar la impunidad de sus soldados cuando, en sus misiones militares en el extranjero, se hacen responsables de crímenes injustificables. Cuando se matan a civiles, o a periodistas que cubren una guerra, la justificación que se ha tratado de un “error” no puede ser nunca motivo suficiente para quedar exentos de responsabilidades. Los civiles nunca han elegido ser parte en un conflicto. Y de la misma manera, la Convención de Ginebra establece que los periodistas tienen que ser considerados – y protegidos – como civiles. Pero la realidad es que civiles y periodistas siguen siendo los más desprotegidos en zonas de conflicto.
Hace ya casi cinco años que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz firmó una orden de detención internacional para los tres militares estadounidenses responsables de la muerte de José Couso: el sargento Thomas Gibson, que efectuó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip De Camp, responsable del regimiento de blindados n.64. Era suficiente, en aquellos días, leer cualquier periódico de cualquier país del mundo para saber con toda seguridad que el Palestina era el hotel de los periodistas. Cientos de periodistas llegados de todos los rincones del planeta para contar los últimos días del régimen de Saddam Hussein. No hacían falta ni planos de la capital iraquí ni informes secretos. Pero los especialistas del ejército más profesional del mundo confundieron esa cámara de televisión con el arma de un francotirador. No creo que sea suficiente decir: nos hemos equivocado, lo sentimos.

La mordaza de Berlusconi

Silvio Berlusconi acaba de emplear, con éxito, sus armas de destrucción masiva contra el Estado de Derecho. Con la complicidad de una mayoría parlamentaria formada – él mismo lo ha reconocido en su tradicional desprecio de las instituciones – por simples «figurantes», la ley mordaza del Cavaliere ha pasado el trámite del Senado a través de un voto de confianza en el que las voces críticas han sido acalladas sin el menor problema. La Cámara de Diputados pronto hará lo mismo. Y entonces solo nos quedará el último recurso: la esperanza que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, sepa pararle los pies al jefe del Ejecutivo, negándose a firmar esta norma que constituye un claro atentado contra la democracia. Aunque la presencia, desde hace 15 años, del "tsunami Berlusconi" en la escena política italiana nos haya ido acostumbrando a cualquier tipo de extravagancia y a cualquier forma de atropello de las libertades, esta vez podemos decir que se está cruzando descaradamente la raya que separa una sociedad libre y democrática de un régimen autoritario.

Siempre hay una excusa con la que el dirigente justifica la necesidad de sus «reformas». En este caso se trataría de una ley cuyo objetivo es defender la "privacy" de los italianos. Miente Berlusconi - y lo sabe muy bien - cuando dice que las escuchas telefónicas atentan contra el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Las cifras son muy claras: las conversaciones intervenidas por orden judicial afectan cada año apenas el 0,2 % de la población (y en el 80% de los casos se trata de hechos de delincuencia común).

La realidad es que, con esta medida, el jefe del Gobierno quiere dar un golpe – tal vez el definitivo– al derecho de los ciudadanos a formarse una opinión en plena autonomía y libertad. Conocer (los escándalos, las investigaciones, la actitud de los poderosos) para juzgar. Lo que se llama, en cualquier país democrático, formación de la opinión pública. Es algo que no cabe en el concepto distorsionado de instituciones de un presidente que ha hecho del populismo su forma de ser.

Para llevar a cabo su proyecto, está dispuesto a utilizar cualquier recurso. Poco o nada le importa si, de ahora en adelante, será más fácil para los criminales quedar impunes. Italia está viviendo sus horas más trágicas en más de 60 años de democracia. Tal vez haya llegado la hora de que las instituciones europeas – si Europa todavía tiene un sentido – empiecen a darse cuenta de lo que está pasando.

(Artículo publicado el 11 de junio en "El Periódico de Catalunya")

Egipto, una emergencia de nunca acabar

Siempre hay una buena excusa para quitarle a un pueblo la esperanza de disfrutar de las libertades fundamentales, de las que ningún gobierno debería poder disponer como si fueran de su propiedad. Egipto es uno de aquellos países donde el “estado de emergencia” no se acaba nunca. Porque así ha decidido el presidente Hosni Mubarak, desde que asumió, por primera vez, el cargo tras el asesinato de su predecesor Anwar Sadat, en 1981. Técnicamente no se llama dictadura, pero es algo que se le parece mucho. Seguridad del Estado, amenaza terrorista: todo vale para cercenar los derechos de los ciudadanos. Y por mucho que el gobierno del primer ministro Ahmed Nazif se esfuerce en presentarnos su cara más amable, la realidad está delante de todo el mundo. Lo último que ha hecho el régimen egipcio es pedir al Parlamento (en el que cuenta con una amplia mayoría) que volviera a aprobar la medida de excepción con reformas que “restrinjan significativamente los poderes especiales” otorgados en 1981. ¿En qué sentido? Se supone que, a partir de ahora, la legislación de emergencia se aplicará solamente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Pero, en realidad, no hay quien se lo crea. La débil oposición parlamentaria habla de “pantomima” y de “maquillaje” realizado para convencer a la población que algo está cambiando. Human Rights Watch afirma que se sigue utilizando la ley para detener a personas en casos que nada tienen que ver con el terrorismo, para atacar el disenso político. Según la Anhri (Red arabe por la información de derechos humanos), ocho activistas fueron arrestados hace tan solo diez días por participar en una asamblea que pedía revocar las leyes de emergencia. La legislación de excepción permite al Gobierno vigilar las comunicaciones personales, detener a personas indefinidamente sin cargos, prohibir manifestaciones, censurar periódicos y otros medios de comunicación. Los grupos defensores de los derechos humanos denuncian que, actualmente, más de 10.000 personas están en detención en virtud de la ley de emergencia. El último desafío al régimen de Mubarak es la creación, hace tan solo unos días, de un “Comité nacional para construir un futuro sin emergencia”. Pronto sabremos si la respuesta de las autoridades egipcias será la de siempre: la represión.

Italia, la hora de defender la libertad

No debe sorprendernos que hayamos llegado a este extremo. En la Italia de Berlusconi, ha llegado el momento de luchar para la defensa de la libertad de prensa, nunca como ahora amenazada por una de esas leyes “ad personam” del presidente-tycoon que llevan años rebajando la calidad democrática del país. El nuevo invento del Cavaliere – tal vez el más peligroso entre todos los que ha producido en su larga y nefasta etapa de gobierno – es una norma que prevé restringir el uso de las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales y que prohíbe su publicación en los medios de comunicación. La “ley mordaza” de Berlusconi, que se encuentra en estos días en la fase de aprobación en la Comisión Justicia del Senado, amenaza con multas de hasta medio millón de euros para los editores y penas de cárcel para los periodistas, que podrían ser suspendidos del ejercicio de la profesión. Ante el revuelo provocado por la nueva norma – cuyo verdadero artífice es Niccolò Ghedini, al mismo tiempo diputado del Pueblo de la Libertad y abogado de Berlusconi – el Gobierno ha decidido algunos pequeños cambios en el proyecto de ley, rebajando de dos a un mes de prisión la pena para los periodistas.
Pero la ley sigue generando un rechazo frontal en los medios de comunicación y en el pueblo de los internautas: en tres días, han sido más de 170.000 las adhesiones a una carta en favor de la libertad de información promovida por juristas y constitucionalistas. Sí, porque el problema no afecta sólo a la prensa y al derecho de los ciudadanos a ser informados: si se aprueba la ley, se verá mermada también la posibilidad de jueces y policías de llevar a cabo investigaciones eficaces contra el crimen organizado y contra la corrupción. Y es esto, en realidad, lo que más preocupa a Berlusconi, que en muchas ocasiones, a lo largo de los últimos años, se ha visto involucrado en escuchas telefónicas embarazosas. A pesar de que ningún magistrado haya nunca ordenado intervenir el teléfono del Cavaliere, la voz del presidente del Gobierno ha aparecido una infinidad de veces en grabaciones de personajes investigados por casos de corrupción. Las malas compañías de Berlusconi...

Garzón, el derecho de defender a un juez

Fíjense que hay gente – y mucha – en este país que se atreve a defender al juez Baltasar Garzón. Hay periodistas, políticos, sindicalistas, juristas, catedráticos, artistas que expresan opiniones, que ejercen un derecho garantizado – hasta prueba de lo contrario – por la Constitución. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está el “atentado a la democracia”? Se ha llegado a negar, en estos días, el derecho de un magistrado jubilado a decir lo que piensa, se ha llegado a poner en entredicho la facultad del rector de una Universidad a otorgar el permiso para la utilización de una sala de reuniones con el simple objetivo de estimular el confronto de ideas. Y no faltan los columnistas que nos vienen explicando que la libertad de expresión tiene límites.
La verdad es que tendríamos que ir siempre con los pies de plomo cuando hablemos de libertad de expresión. No es tolerable que siga habiendo quien nos dice que sí, está bien, pero no se pueden aceptar “los excesos y la desmesura”. ¿Quién establece lo que se puede o no se puede decir? La respuesta es muy sencilla: es la ley, nada más y nada menos que la ley. Si alguien, con el uso de la palabra, comete un delito, está sujeto a las consecuencias previstas por la ley. Éste es el límite. Los excesos, por suerte, en democracia no están prohibidos. Y es prueba de ello el hecho de que, en un país que se ha dejado atrás cuarenta años de dictadura, pueden expresar libremente sus opiniones hasta los integrantes de la Falange Española. Sí, aquellos mismos sujetos que lograron sentar en el banquillo al juez Garzón con una querella que no deja de provocar asombro en la mayoría de los grandes medios de la prensa internacional.
El Tribunal Supremo, en su momento, decidirá si, por haber acogido la denuncia de los familiares de los desaparecidos del franquismo, el juez se habrá hecho merecedor de la expulsión de la magistratura. Para todos aquellos que ahora nos dan clases de derecho, explicándonos que lo que el tribunal diga es Evangelio, tal vez valga la pena recordar cuantas veces han criticado las actuaciones judiciales del juez Garzón. Hasta llegaron a inventar un neologismo, “garzonada”, que quería ser sinónimo de decisión dudosa y execrable. Y Garzón era – y a fecha de hoy sigue siendo – un representante de la ley. Así como lo era aquel tribunal que condenó los responsables de la masacre de Atocha y que ha sufrido, durante años, todo tipo de críticas.

EE.UU. y los "muertos colaterales"

¿Llegará la hora de la asunción de responsabilidades? ¿Pagarán algún día, las fuerzas armadas de EE.UU., por los crímenes cometidos en zonas de conflicto contra civiles inocentes? Tras la difusión del video militar grabado en julio de 2007, que muestra un ataque de un helicóptero estadounidense Apache en Bagdad en el que murieron 12 personas – entre ellos un fotógrafo y un chófer de la agencia Reuters – fuentes del ejercito de Washington han asegurado que volverán a abrir las investigaciones sobre aquellos hechos. No se trata, que quede claro, de una iniciativa espontánea: se lo debemos a la valentía con la que, una vez más, los responsables del portal ciudadano WikiLeaks rompen el muro de silencio sobre uno de los tantos misterios de nuestro tiempo. Sólo ahora, frente al enorme clamor provocado por la difusión del video, en Washington empiezan a preguntarse si los militares que estaban al mando de ese helicóptero “respetaron las reglas de enfrentamiento”. Pero la simple visión de esas imágenes (que estuvieron todo este tiempo en posesión del Estado Mayor) tendría que haber hecho saltar las alarmas. Eso sí, en el supuesto de que la aclaración de las responsabilidades sea una de las prioridades de las fuerzas armadas estadounidenses.
Aquellos que, con un término que no deja de ser escalofriante, se califican de “muertos colaterales”, en realidad no son nada más que víctimas de crímenes injustificables. Civiles desarmados e indefensos: así es como se establece que sean considerados los periodistas en misión peligrosa, según el artículo 79 del primer protocolo adicional de la Convención de Ginebra. Que añade: “Un ataque deliberado que provoca la muerte o que constituye un grave atentado a la integridad física de un periodista, se califica como crimen de guerra”. Pero claro, siempre podrán explicarnos que no lo sabían, que creían que llevaran armas. Eso es lo que se escucha en el video, poco antes de que – desde el helicóptero – empiecen a disparar. Veían al fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen, “armado” de su cámara, y decían que llevaba una ametralladora AK-47. Ni más ni menos lo que pasó, siempre en Bagdad, con el cámara de Telecinco José Couso, de cuyo asesinato recurre justo hoy el séptimo aniversario. Desde ese tanque estadounidense, le confundieron con un francotirador. La impresión es, una vez más, que se siga matando “por si acaso”. Tal vez las cosas cambien el día en que se acabe la garantía de impunidad.

Honduras, infierno para la prensa

Y ya van cinco, en un solo mes. Cinco periodistas asesinados en marzo en Honduras. Las estadísticas son crueles. Si hasta hace poco constatábamos, con horror, que México se había vuelto el lugar más peligroso para el ejercicio de la profesión periodística en el continente, ahora el país centroamericano se suma a los boletines de la tragedia. Las dos últimas víctimas mortales son José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, matados a tiros el pasado viernes mientras circulaban por una carretera de la provincia oriental de Olancho, luego de que terminaran de conducir un programa de la emisora local, Radio Excélsior. La policía indicó que “no hay sospechosos en el caso” y que no se han determinado los motivos del crimen, según relata la prensa local. Y ésta tampoco es una novedad: siguen sin encontrarse, también, los responsables de los tres otros asesinatos de periodistas ocurridos a lo largo de las últimas semanas. Así como han quedado impunes los criminales que mataron a tres reporteros más en el año 2009.
La situación de la prensa en Honduras ha sufrido un serio deterioro a raíz del golpe de Estado del 28 de junio pasado. Desde entonces, según denuncia Reporteros sin Fronteras, los informadores “siguen siendo blanco privilegiado en el contexto de represión”. Rsf subraya que “resultan preocupantes” las recientes amenazas dirigidas contra la emisora privada de oposición de san Pedro Sula, Radio Uno, que desde el golpe se encuentra “en el punto de mira del ejercito” y que, sin embargo, “sigue arriesgándose al denunciar las violaciones de los derechos humanos”.
Una situación de peligro confirmada también por el director del periódico de oposición El Libertador, Johnny Lagos: “Estamos trabajando bajo una fuerte presión y nuestros reporteros se enfrentan a un constante acoso. La prensa de oposición, y Honduras en general, son víctimas de un clima de represión”. Detrás de esta ola de violencia, agrega el director ejecutivo de Article 19, Andrès Callamard, hay “un modelo sistemático de represión cuyo claro objetivo es atemorizar todos los que son críticos con el Gobierno o con otros poderes fuertes”. La reciente propuesta de una ley de amnistía, formulada por el nuevo presidente Porfirio Lobo, podría traducirse – según Article 19 – en una garantía de impunidad para los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Críticas muy duras al gobierno de Tegucigalpa han sido expresadas también por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip), que en su reciente asamblea semestral en Aruba ha lanzado la alarma “por el clima de impunidad reinante”.

La larga lista de "enemigos de Internet"

Es Internet el nuevo campo de batalla entre los regimenes autoritarios y quienes luchan para la defensa de la libertad de expresión. La tendencia general, según destaca Reporteros sin Fronteras en ocasión de la Jornada mundial contra la censura que se celebra hoy, es que “un número cada vez mayor de países refuerce el control, frente a un crecimiento de la capacidad de movilización de los internautas, siempre más creativos y solidarios”. En las dictaduras, donde los medios de comunicación tradicionales están bajo el control del estado, Internet ofrece un espacio único de discusión y de intercambio de información, también funciona como motor de la contestación y la movilización. Pero, recuerda la Ong con sede en París, los gobiernos represivos han encontrado la forma para contraatacar: “Censura de contenidos políticos o sociales gracias a las últimas herramientas tecnológicas, arrestos e intimidaciones de internautas, vigilancia omnipresente y fichaje destinados a poner en peligro el anonimato de los internautas”.
Son varios los países, como Corea del Norte, Birmania o Turkmenistán, que pueden permitirse un aislamiento total de la Web. La falta de desarrollo de la infraestructura les sirve de pretexto. Sin embargo, el mercado negro de las telecomunicaciones prospera, por ejemplo en Cuba o en la frontera entre China y Corea del Norte. “Los internautas – agregan los responsables de Rsf - pagan las consecuencias de esta creciente represión. Por primera vez desde la creación de Internet, cerca de 120 blogueros, internautas y ciberdisidentes se encuentran detrás de las rejas por expresarse libremente en línea. Las mayores cárceles del mundo para los internautas son China, que encabeza la lista con 72 detenidos, seguida de Vietnam e Irán, que en los últimos meses emprendieron brutales oleadas de arrestos”.
Una vez más, la lista de los enemigos de Internet establecida por Reporteros sin Fronteras reúne este año a los principales países que violan de la libertad de expresión en la Web: Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Vietnam. “Algunos de estos países buscan impedir a toda costa que sus ciudadanos tengan acceso a Internet: Birmania, Corea del Norte, Cuba y Turkmenistán. En otros, los obstáculos técnicos y financieros se conjugan con el control de Estado y la existencia de un Intranet muy limitado. Cortes de la Red o disminución de la velocidad son moneda corriente en épocas de disturbios. Arabia Saudí y Uzbekistán optan por un filtrado masivo e incitan a sus internautas a la autocensura. China, Egipto, Túnez y Vietnam apuestan por una estrategia de desarrollo de infraestructura con un objetivo económico, pero controlando siempre de cerca el contenido político y social, mostrando así una gran intolerancia de las voces críticas”.
Entre los “países bajo vigilancia”, no faltan algunas democracias. Australia, por la próxima implantación de un sistema avanzado de filtrado de la Web, y Corea del Sur, donde leyes muy estrictas controlan a los internautas, cuestionando su anonimato e incitando a la autocensura. Turquía y Rusia también están en esta lista “En Rusia, después del control ejercido por el Kremlin sobre la mayoría de los medios de comunicación, Internet se ha convertido en el espacio más libre de intercambio de información”. Su independencia, pero, “está amenazada por arrestos y persecuciones a blogueros”, así como por bloqueos de sitios que las autoridades llaman “extremistas”, aunque no siempre lo son.

Italia, la información amordazada

Otro paso más hacia una sociedad menos libre, otro atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La decisión del Consejo de administración de la Rai, la tv pública italiana, de suspender hasta el próximo día 28 – fecha en que se celebrarán las elecciones autonómicas en la mayoría de las regiones del país - todos los programas de debate televisivo es fruto de una interpretación muy arriesgada de la llamada ley de la “par condicio”, a raíz de la cual durante las campañas electorales los partidos políticos deberían tener un acceso a los programas televisivos proporcionado a su representatividad parlamentaria. En realidad, en absoluto esto justifica el “black out”, impuesto por el director general del servicio público Mauro Masi (antiguo secretario general de la Presidencia del Consejo de ministros del gobierno Berlusconi) a un Consejo de administración controlado por la derecha fiel al Cavaliere.
Lo que sí está claro es que este “bavaglio”, esta vergonzosa mordaza sin precedentes, penaliza de forma patente a la Rai que, ya hace tiempo en una situación de enorme dificultad, corre el riesgo de seguir perdiendo publicidad y audiencia. Sólo un ejemplo: el jueves pasado, la supresión del programa Annozero, que suele tener una media de entre 6 y 7 millones de espectadores, ha provocado una caída en picado de la audiencia de Rai2. ¿Quien se aventaja de esta situación? Sí, una vez más es él, Silvio Berlusconi, dueño de los tres grandes canales de la televisión comercial del grupo Mediaset. ¿Logrará algún día Italia solucionar el problema del conflicto de intereses que, día tras día, está recortando los espacios de libertad y empeorando la calidad de la democracia?

La sinceridad de Raúl: en Cuba no hay libertad

Lo ha dicho, finalmente. Por si no nos hubiéramos enterado todavía, Raúl Castro admitió por fin que en Cuba no existe “una plena libertad de expresión”. Gracias por la información, que llega después de 50 años de dictadura, en un país en el que la misma Constitución no prevé que los ciudadanos se puedan expresar libremente. Pero claro, la culpa no la tienen ni él, líder no-tan-máximo de una inédita dinastía familiar, ni su más conocido hermano, que sigue vigilando sus pasos al frente de la Revolución. “Si Estados Unidos nos dejara en paz, si nos permitieran seguir con nuestro desarrollo, eso podría cambiar”: así se expresó, delante de un grupo de periodistas brasileños, el todopoderoso presidente del Consejo de Estado, secretario general del Partido Comunista, y cuantos más cargos le hayan otorgado sus acólitos del régimen, sólo unas horas después de la muerte del disidente político Orlando Zapata.
Es la misma coartada de siempre, la que conocemos desde hace ya cuarenta años, desde que Washington intentó estrangular la isla con un bloqueo económico que todavía sigue vigente, aunque ya de una forma no tan rígida como antes. Muy flaco favor, lo que le hicieron los Estados Unidos a la población cubana: aún hoy en día, en pleno siglo XXI, las autoridades de La Habana pueden seguir repitiendo – como un disco roto – la misma música. Si no tenéis libertad, y si tenéis hambre, que os quejéis con los del Norte: da igual que se llamen Clinton, Bush u Obama. Y poco importa que desde la Casa Blanca lleguen señales que apuntan a una sincera voluntad de dialogo. Lo que haga la Unión Europea, tampoco tiene mucha trascendencia: ¿mantener la llamada “posición común”, o abrir nuevas vías de negociación? Al inflexible Raúl, parece no importarle mucho. Los pequeños señales de apertura, anunciados en los primeros meses de la “nueva gestión” (si así la podemos llamar) se han ido esfumando poco a poco. Ahora, cinco disidentes más han empezado una huelga de hambre: ¿Seguirá inflexible la familia Castro frente a la creciente protesta internacional?

El amargo cumpleaños de Ricardo González

No podía ser más amargo el 60 cumpleaños de Ricardo González, periodista cubano y corresponsal en la isla de Reporteros sin Fronteras. Una celebración que, sencillamente, no pudo ser. Porque González lleva ya siete años entre rejas, y todavía le faltan siete para cumplir la absurda condena que le fue impuesta por un tribunal de La Habana después de un juicio sumarísimo, por el simple hecho de ejercer el periodismo. Junto con otros 27 informadores (y alrededor de 60 disidentes más) González fue detenido el 18 de marzo de 2003, en aquella que ya ha pasado tristemente a la historia como la “primavera negra” del régimen cubano. Eran los días en que las tropas norteamericanas empezaban la ofensiva final contra el dictador iraqí Saddam Hussein, através de una guerra ilegal que ya iba provocando reacciones de rechazo en todo el mundo.
Y fueron muchos los que comentaron, en ese entonces, que Fidel Castro – todavía firme en el puesto de “líder máximo” de la Revolución – tal vez pensase aprovechar esa terrible coincidencia para hacer pasar casi desapercibida la nueva ola represiva. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Las manifestaciones de protesta no se hicieron esperar. De todas formas, de poco sirvieron las fuertes presiones diplomáticas para obtener la liberación de los detenidos (condenados a penas de entre 14 y 27 años de prisión). De los 25 periodistas que siguen en la cárcel en Cuba, 17 fueron detenidos en aquella circunstancia. Y unos de los pocos que lograron obtener la libertad, gracias a la fuerte iniciativa diplomática del gobierno Zapatero, fue el poeta Raúl Rivero, en la actualidad residente en España y colaborador del diario El Mundo.
Pero a Ricardo González, que no tiene la suerte de ser tan conocido a nivel internacional como Rivero, no le tocó la misma suerte. Acusado, sin la menor prueba, de ser “un agente a sueldo de Estados Unidos”, sigue cumpliendo su condena por el simple hecho de haber intentado ejercer un oficio hasta hoy prohibido en Cuba: el periodismo, libre y sin censuras.

Colombia, la revista Cambio echa el cierre

Ya había dejado de ser la revista de Gabriel García Márquez. Ahora ha dejado de ser, y punto. Desaparece en Colombia la revista Cambio: mejor, se convierte de semanal en mensual, y seguirá en los quioscos como publicación especializada en viajes, salud, medio ambiente y tendencias. O sea, lo contrario de lo que había sido a lo largo de toda su historia: diecisiete años de valentía y buen periodismo, desde los reportajes sobre los narcotraficantes del Cartel de Cali hasta las investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, desde el escándalo de los políticos que se aliaron con los paramilitares ultraderechistas hasta las revelaciones sobre los secuestrados en poder de las Farc.
Nacida en los años ’90 como filial de la española Cambio16, pasada luego a manos de un grupo nacional con el grande Gabo a la cabeza, la revista había llegado – hace cuatro años – a ser controlada por la Casa Editorial El Tiempo, cuyo paquete mayoritario de acciones fue adquirido por el grupo español Planeta. Pero Cambio siguió, hasta el último día de su vida, informando a muchos e incomodando a otros tantos. “Me llegaban rumores sobre las molestias que suscitaba el periodismo de denuncia y análisis que hacíamos”, declaró el director – y ex-ministro de Asuntos Exteriores – Rodrigo Pardo, sorprendido por la repentina decisión del cierre, justificada por la editora con el argumento de la “poca rentabilidad económica”, aunque la revista siguiera con las cuentas en activo. En los últimos meses, Cambio había denunciado los vínculos de Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro de Interior y Justicia, con la mafia, y había criticado los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos sobre las bases militares. A mediados de enero, Pardo había alertado sobre el peligro que supondría para la democracia la eventualidad de una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe. En una columna, el director apuntó que sólo el hecho de que exista un debate “sobre la posibilidad de aplazar las elecciones para que sea aprobada la reforma constitucional que permita a Uribe de ser reelegido” es muy ilustrativo “de los límites a los que está llegando el apetito del presidente por perpetuarse en el poder”.
Se da la circunstancia de que el estado es el propietario de las licencias de radiodifusión y que, justamente en las próximas semanas, el gobierno podría tomar una decisión sobre la concesión de un nuevo canal de televisión: entre los candidatos, está también el Grupo Planeta.

Hugo Chávez, "cadenas" para el pueblo

Tal vez sea el caso de recurrir nada menos que a Luís XIV, el Rey Sol: sí, a ese monarca absoluto al que se le atribuía la famosa frase “L’État c’est moi”. El Estado soy yo, parece repetir a diario, trescientos y pico años más tarde, el presidente venezolano Hugo Chávez. Es verdad, a él le votó el pueblo, y le sigue votando, desde el año 1998, fecha de su primera elección a la Jefatura del Estado. Pero, ¿puede el voto popular justificar una gestión tan personalista del poder? El escándalo más reciente está bajo la mirada de todo el mundo: seis canales de televisión por cable sacados del aire por no transmitir aquellos interminables discursos presidenciales conocidos como “cadenas”. La medida llegó a afectar, en un primer momento, hasta dos canales mexicanos del Grupo Televisa (American Network y RitmoSon) y la chilena Tv Chile, lo que podía llegar a provocar serios incidentes diplomáticos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), se dio cuenta al fin del despropósito (les había considerado como “servicio de producción nacional”) y les devolvió el derecho a retransmitir. Queda, al contrario, suspendida Radio Caracas Televisión Internacional, una voz disidente que ya había sido objeto de atención de las autoridades venezolanas en 2007, cuando se vio denegada la renovación de la licencia a retransmitir en abierto.
El gobierno de Chávez justifica la medida con un nuevo decreto emitido por la Conatel a la víspera de Navidad, en el que se dispone que los canales de televisión por cable cuya programación fuera producida en más de 70 por ciento en Venezuela, se verán obligados a difundir las llamadas “cadenas”, instauradas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004.
Se podrá opinar que un Jefe de Estado, cuando lo juzgue oportuno, puede pedir que sus palabras lleguen, por radio y televisión, a todo el pueblo. Es algo que pasa en varios países. Incluso en España, el gobierno se reserva el derecho de obligar a las televisiones, tanto públicas como privadas, a emitir mensajes que considere de interés general. En la práctica, cabe recordar, la Moncloa nunca utilizó esta prerrogativa. No se puede decir lo mismo de Hugo Chávez. Según datos de AGB Nielsen Media Research, entre febrero de 1999 y noviembre de 2008, el gobierno realizó 1751 “cadenas”. Casi una cada dos días, por un total de 1100 horas aproximadamente.

Haití, la Onu y la prensa "sensacionalista"

Ahora se nos acusa de “sensacionalismo”. Como si no fuera sensacional el temblor de la tierra que sacudió Haití, y la entidad de los destrozos ocasionados por el terremoto, en un país que, ya antes de esta tragedia, era uno de los más pobres del hemisferio occidental. El reproche a los periodistas – una vez más tildados de “malos de la película” – viene nada menos que de Naciones Unidas: se quejan, desde el Palacio de Vidrio de Nueva York, de que algunas de las noticias publicadas sobre este país caribeño son “realmente exageradas” y que la Onu recibe “ataques injustos” de parte de la prensa, mientras su personal le dedica 24 horas al día a las tareas humanitarias que lleva a cabo en Haití. O sea: que nos dejen trabajar, y no molesten.
Es el destino que tenemos los informadores: lo de ser testigos, y contar al mundo lo que vemos, crea desconcierto en las autoridades. Debe de ser por esta razón – qué no se explica de otra manera – que el ejército de Estados Unidos, recién desplegado en Puerto Príncipe, para traer ayuda (u orden, o ambas cosas) ha decidido expulsar a todos los periodistas extranjeros del aeropuerto internacional “Toussaint Louverture”, dificultando aún más la labor de los medios, en una capital donde no queda en pie ningún hotel.
Después de que el terremoto derribara la torre de control del aeropuerto, personal del ejército estadounidense se hizo cargo de sus operaciones y, por lo tanto, responsable de las prioridades en salidas y aterrizajes del intensísimo trafico aéreo internacional que se ha generado como consecuencia de la tragedia. Casi inmediata la denuncia de los medios de comunicación: la falta de coordinación hacía que se acumularan los suministros enviados desde diversos rincones del planeta. Fue por esto que, sobre todo en los primeros días, se retrasó la entrega de alimentos, agua y equipos médicos. Y no se trata de denuncias hechas solamente por la prensa. El coordinador de emergencias de Médicos sin Fronteras, Benoit Leduc, dijo el lunes pasado que no se permitió el aterrizaje de tres aviones de cargas de esa organización y de otros dos, también suyos, que transportaban personal expatriado. Un funcionario de logística aérea del Programa Mundial de Alimentos se quejó también de que las prioridades de los militares estadounidenses “son brindar seguridad al país” mientras que “las nuestras son alimentar”. Y el ministro de Cooperación de Francia, Alain Joyandet, presentó una protesta formal ante el gobierno de Washington, afirmando que “se trata de ayudar a Haití, no de ocuparlo”.
Hasta que haya noticias, y sigan los problemas, suponemos que la prensa seguirá así, con su “sensacionalismo”. Aunque le moleste a algunos.

Gaza, un reportero en la linea del fuego

Ayer se cumplía el primer aniversario del fin del bombardeo israelí sobre Gaza: un ataque que duró tres semanas y que acabó con la vida de más de 1400 palestinos. Un documental impactante, "To shoot an elephant", rodado por Alberto Arce y Mohammad Rujailah, cuenta aquellos días de cerco sangriento con la fuerza de la narración directa desde el corazón de la Franja de Gaza. Y justamente a raíz de esto, por ser un testimonio único de la tragedia contada por los mismos protagonistas, la población palestina afectada, Arce ha decidido poner el documental a disposición de todo el mundo: cualquiera puede verlo en Internet, a través de Youtube, o descargarlo gratuitamente: está colgado bajo licencia Creative Commons en todas las plataformas multimediales y es de libre acceso. Pero esto no le impidió a Alberto Arce recuperar con creces la inversión. "Si una persona promociona y enseña su trabajo, lo que recibirá es eso mismo: trabajo", contó el documentalista de Gijón al diario Público. "No dejo de recibir ofertas, fruto de haber dado a conocer lo que hago".

Homenaje a Haití: así era antes de la tragedia

Las imagenes que publicamos son una serie de fotos tomadas por el español Samuel Rodríguez en ocasión de un viaje a Haití realizado en junio de 2008 en colaboración con la organización "Réseau Journalisme Global Media21" de Ginebra. Es el homenaje de un profesional del foto-periodismo para todos aquellos que, en estas horas, están sufriendo las dramáticas consecuencias de una espantosa tragedia. FOTOPERIODISME.COM

Luchando para contar el apocalipsis

Entre enormes dificultades, la prensa haitiana vuelve paulatinamente a su trabajo, tan necesario en estas horas para ayudar en las operaciones de socorro y en la localización de los supervivientes. Según informa el Knight Center for Journalism in the Americas, el periódico nacional Le Nouvelliste fue el primero en abrir un sitio en Facebook, donde reprodujo un mensaje sobre 63 personas atrapadas en un mercado. Las radios Kiskeya y Metropole reaparecieron en Internet, pero varios otros medios impresos y electrónicos continúan fuera de operaciones, relata el diario mexicano El Financiero. La Sociedad Interamericana de Prensa (Sip) elogió a los medios y comunicadores que "se han avocado con sacrificio a informar y servir a su pueblo mediante los escasos recursos disponibles y a través de Internet”.
Las oficinas de AlterPresse también fueron destruidas, y aunque han logrado actualizar su sitio web, la infraestructura de comunicaciones es precaria. Radio Metropole informó que aún se desconoce la magnitud del daño a las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, son mayoría los medios, como Le Matin, Haití Progres, Television Nationale d"Haiti, Radio Galaxie o Radio Lumiére, que permanecen sin operar.
En su edición digital, El País recuerda que a pesar de la escasa infraestructura tecnológica de Haití, los móviles están cumpliendo una función muy importante para compartir información básica. Twitter se ha convertido en una de las herramientas preferidas para contar qué sucede en estas hors en el país. Es suficiente lanzar la búsqueda #haití para conseguir un buen número de resultados. A esta herramienta recurren también varias Ong’s, entre ellas Médicos sin Fronteras.
A través de Facebook, Oxfam ya ha recaudado más de 60mil dólares. Google ha puesto en marcha una aplicación que permite preguntar por desaparecidos.
Mientras Reporteros sin Fronteras se prepara a montar, en las próximas horas en Puerto Príncipe, un centro operativo de urgencia para ayudar la prensa local, la Federación Internacional de Periodistas (Ifj) está lanzando un programa de ayuda urgente a los profesionales de los medios locales. “Haremos todo lo posible”, declaró el secretario general Aidan White, “sumandonos a los esfuerzos de la comunidad internacional para dar testimonio de nuestra solidaridad con la población de Haití”.

Rsf, operación Haití: "Salvemos la prensa"

Organizar socorros, localizar los supervivientes, repartir la ayuda: todo esto es imposible si los medios que están en condiciones de funcionar no ofrecen una información sólida. Frente a la tragedia de Haití, es ésta la alarma lanzada por Reporteros sin Fronteras. Según la Ong, la importante movilización de la comunidad internacional “exige lógicamente la de los medios extranjeros, que tienen un papel determinante. Porque la prensa haitiana se encuentra en ruinas”. Para permitir que algunos periodistas haitianos puedan informar de la situación, y contribuir así al proceso de asistencia a la población damnificada, Rsf decidió crear, y poner a su disposición, un centro operativo dotado de ordenadores portátiles, teléfonos móviles y generadores eléctricos, facilitados por el principal grupo de prensa canadiense, Quebecor.. La estructura estará operativa a principios de la semana que viene. De momento, el presidente de la sección canadiense de Reporteros sin Fronteras, François Bugingo, viaja en estas horas a Puerto Príncipe para evaluar las necesidades, a corto y largo plazo. La puesta en marcha del centro operativo irá seguida de un plan de ayuda a la reconstrucción de los medios de comunicación haitianos, prácticamente ninguno de los cuales se encuentra en condiciones de continuar trabajando. La petición de donativos puesta en marcha por Reporteros sin Fronteras debe responder fundamentalmente a este objetivo. La organización pretende movilizar a los medios de los países particularmente implicados en la aportación de ayuda a Haití (Canadá, Brasil, Estados Unidos y Francia, entre otros), para conseguir apadrinamientos económicos y logísticos de los medios haitianos que necesitan ser reconstruídos.
Según Rsf, la tragedia que está viviendo Haití en estos días debe ser una ocasión para empezar una reflexión seria sobre el papel de los medios en contextos de crisis humanitaria y sanitaria. La Ong afirma que la información y la comunicación tienen que ser parte integrante del dispositivo de reacción a una situación de emergencia desde el primer momento.
Éstas son algunas de las recomendaciones prácticas de Rsf:
- Se debe sacar el máximo provecho del uso de las nuevas tecnologías (móviles y Sms).
- La radio juega un papel esencial para poner en contacto a los supervivientes y los equipos de socorro. Deben distribuirse emisores a las poblaciones afectadas.
- Las emisoras deben dotarse de los medios necesarios para difundir información útil en lengua local. También deben hacer programas frecuentes en los que intervenga la población, para hablar de sus necesidades y expectativas, poner en marcha la cadena de la solidaridad y establecer balances regulares de la situación.
- Una comunicación participativa, que emane de la población y no solamente se dirija a ella, podría incluir boletines de anuncios o mensajes individuales.
- Estas medidas implican que los profesionales de los medios, locales e internacionales, dispongan de protección. En el transcurso de los últimos doce años han perdido la vida 1.200 profesionales, o equipos de rodaje, y no en circunstancias accidentales sino con frecuencia convertidos en objetivos a causa de su actividad. (fuente: Rsf)

China, ramos de flores para Google

Antes les acusaban de complicidad con el régimen chino, ahora les echan ramos de flores. Los disidentes han recibido con satisfacción la decisión de Google de desafiar la censura de Pekín y amenazar con abandonar el país. La empresa estadounidense llegó a esta determinación al comprobar el acceso ilicito a cuentas de su popular correo electrónico de las que son titulares activistas chinos de los derechos humanos. “Estamos revisando la viabilidad de nuestras operaciones de negocio en China”, anunció la compañía, aclarando que – antes de tomar una decisión definitiva sobre la posibilidad de clausurar sus oficinas corporativas y echar el cierre al portal Google.cn – quieren que el Gobierno de Pekín les dé garantías “sobre que base poder seguir manteniendo un buscador dentro de la ley”.
La amenaza de Google puede empeorar más aún las relaciones entre los gobiernos de Pekín y Washington, que se han ido distanciando a lo largo de los últimos meses a raíz de los problemas surgidos en las negociaciones sobre el cambio climatico y sobre la política comercial del gigante asiático. “La sorpresa no es que en China existan la censura y los ataques piratas. La sorpresa es que una gran compañía rompa el silencio sobre estos problemas. Hasta ahora habían quedado quietos”, dijo a la agencia Reuters el bloguero Liu Ning. “Nuestro espacio de expresión se ha estrechado dado el incremento de los controles gubernamentales y no veo indicios de relajación”, agregó el académico defensor de los derechos humanos Xu Youyu. A pesar de las dudas de muchos disidentes, convencidos de que Google acabará quedandose en China para no renunciar a importantes ganancias, el responsable de comunicación de la empresa en Europa, Bill Echikson, es contundente en su entrevista a la edición online de El País: “Seguiremos en China sólo si no hay censura”.

Egunkaria, cuestión de libertad

Un medio, es la postura más y más veces reiterada por las organizaciones para la defensa de la libertad de prensa, no puede delinquir: la responsabilidad penal siempre es individual. Por eso no deja de sorprendernos que, en estos días, puedan estar sentados en el banquillo cinco directivos del diario en lengua euskera “Euskaldunon Egunkaria”, cerrado en 2003 por órden del juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo por entender que era un “instrumento de Eta”. Y más aún sorprende este proceso después de escuchar, ayer, las declaraciones ante los jueces de tres ex jefes etarras, qu negaron rotundamente que la banda terrorista influyera en la linea editorial del periódico. Muy llamativa la declaración de José Luis Álvarez Santacristina, “Txelis”, que aseguró que “gracias a muchos testimonios y artículos” que leyó en este diario, él evolucionó hacia una postura crítica frente a la organización terrorista: “Eso lo digo, lo manifiesto y lo agradezco, porque gracias a eso pienso y actúo de una manera muy distinta”, subrayó “Txelis”, que fue expulsado de Eta por su disidencia.
Según el juez Del Olmo, “Egunkaria” perseguía los mismos objetivos que Eta, contribuyendo a reforzar las estructuras de la organización terrorista creando sociedades-pantalla: por eso, a partir de julio de 2003, fecha del cierre del periódico, el magistrado renovó en varias ocasiones – cada 6 meses – las medidas preventivas contra el grupo: congelación de capital, suspensión de actividades y cierre de los locales de Egunkaria SA, de Egunkaria Sorteen SL y de la redacción del diario.
Según Reporteros sin Fronteras, después de varios años de instrucción “nunca se han podido demonstrar las supuestas relaciones entre algunos miembros de la redacción del diario Egunkaria y la organización terrorista Eta. La lucha contra el terrorismo llevada a cabo por las autoridades española es legítima”, aclara la Ong, “pero debe hacerse respetando la libertad de expresión”. En un informe presentado en 2007, un grupo de juristas internacionales consideró que el cierre del periódico y la detención de periodistas y colaboradores del medio viola, “por su carácter desproporcionado, los artículos 10 y 15 de la Convención Europea de derechos humanos”. El mismo comité aseguró también que la aplicación del artículo 129.9, que autoriza un juez a cerrar una empresa, no puede aplicarse a los grupos de comunicación.